Photo credit: Patricio Molina, Some rights reserved.En México, Amnistía Internacional documenta la historia de una persona gay proveniente de Honduras que buscaba asilo, después de verse obligado a huir de su país debido a una serie de ataques que casi le cobran la vida. En toda Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) muestra que la edad promedio de las mujeres transgénero es de tan sólo 35 años, consecuencia de la violencia desenfrenada que ellas enfrentan. En Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras y México, la organización OutRight Action International encuentra que en el proceso de contratación predomina un gran estigma contra las mujeres bisexuales y lesbianas. En Uruguay, la Cámara de Comercio LGBT del país se encuentra distribuyendo, entre los miembros de la comunidad, una tarjeta de crédito como un medio para evitar la discriminación al momento de acceder a los servicios financieros.
En toda América Latina y el Caribe, hay testimonios de violencia y discriminación, pero también de éxito de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI). Lo que le estarían faltando a estas historias, son cifras que muestren la extensión del problema, al igual que cifras que señalen el grado de contribución de estas personas.
El 15 de noviembre, tres organizaciones lanzaron una alianza para la investigación con el objetivo de generar datos cuantitativos que muestren la magnitud y los efectos de estas historias. NGLCC Global—la división internacional de la Cámara de Comercio LGBT Nacional de los Estados Unidos (NGLCC, por sus siglas en inglés)—, el Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Relatoría de la CIDH sobre los Derechos de las Personas LGBTI se comprometieron a participar en un proyecto a largo plazo para generar estos datos en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa se anunció durante la segunda semana empresarial anual global de la comunidad LGBTI, en una actividad auspiciada por el Grupo Central de Estados Miembros de la OEA para LGBTI y Accenture, la cual se celebró en Washington, D.C.
Según lo han demostrado diversas instituciones en el ámbito mundial, las brechas de datos cuantitativos sobre las personas LGBTI son enormes. Tal como lo señala la CIDH en su compilación definitiva de estadísticas sobre la violencia: “Los mecanismos de recolección de datos en los países de la OEA son muy limitados”. Sin iniciativas de investigaciones a gran escala o de los gobiernos para la recopilación de datos, se menoscaba la habilidad de las personas LGBTI para poder representarse a sí mismas, al igual que su bienestar y sus medios de vida. Esencialmente, esto contribuye a su invisibilidad. A su vez, esto obstaculiza la realización de intervenciones eficaces por parte de los gobiernos, el sector privado y las organizaciones internacionales.
Esta alianza colaborativa para realizar investigaciones representa una oportunidad única para generar datos y utilizarlos para promover un cambio progresivo—lo que muchas personas están denominando la infraestructura de investigaciónde la comunidad LGBTI. NGLCC Global, que se encarga de convocar y de aportar la perspectiva del sector privado, cuenta con el conocimiento analítico especializado necesario para emprender investigaciones de avanzada mediante el uso de métodos establecidos para llegar a personas de la comunidad LGBTI de difícil acceso, al igual que con otras organizaciones en numerosos países de toda la región. La CIDH cuenta con experiencia jurídica con respecto a las normas internacionales existentes sobre los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, al igual que con el conocimiento necesario sobre las leyes y políticas locales que repercuten en su bienestar. Por su parte, el Departamento de Inclusión Social de la OEA puede convocar a los actores y las contrapartes gubernamentales pertinentes para facilitar la investigación, y ayudar a promover la aplicación de las recomendaciones. El pasado 15 de noviembre, estas organizaciones no se preguntaron si podían crear una infraestructura investigativa, sino que plantearon cómo es que lo harán—desde la recopilación de datos hasta el análisis y las intervenciones.
Los asuntos relativos a la comunidad LGBTI siempre serán una preocupación en materia de derechos humanos. No obstante, esta investigación de avanzada ofrece nuevas posibilidades para fomentar la inclusión al emplear una perspectiva socioeconómica y de desarrollo económico. Cuando las personas LGBTI experimentan discriminación y violencia, impacta en todos los niveles de la sociedad. A nivel individual, las personas LGBTI obtienen resultados más bajos del desarrollo (salud, educación, empleo, etc.), en comparación con los de la población en general. A nivel comunitario, con frecuencia se observan abusos en todo un grupo, así como desigualdades sistémicas contra diversos subgrupos. La exclusión de estos segmentos de la sociedad pueden generar un impacto directo en los objetivos que se trazan tanto en el sector público como en el privado (lo que incluye el PIB y otros objetivos de desarrollo humano).
Para el sector público, en aquellas sociedades en las que hay menos insumos dirigidos hacia la salud, la educación y el empleo de su gente, puede surgir un “círculo vicioso”, en el cual el crecimiento económico no regulado no redistribuye de forma significativa los recursos para el bienestar de sus ciudadanosespecialmente de los grupos marginados. Tal como lo aseveró la Embajadora Jennifer Loten, Representante Permanente de Canadá ante la OEA, durante la ceremonia: “La inclusión es la opción intencional de respetar y celebrar la diversidad; es una vía comprobada hacia la paz y la prosperidad, tanto local como globalmente”.
Esta vía socioeconómica basada en el desarrollo abre nuevas oportunidades para medir y comprender el grado de exclusión de la comunidad LGBTI, al igual que el impacto generado en la sociedad en general. Esta vía también ofrece nuevos puntos de partida para fomentar el cambio, tanto en el sector público como en el privado.
La región de América Latina y el Caribe es un punto de partida ideal para esta investigación. En primer lugar, hay una cantidad cada vez mayor de leyes de protección y de proponentes dentro del gobierno a favor de la comunidad LGBTI. Con respecto a este último punto, muchos de estos defensores desean saber cuál es el impacto económico de la exclusión y de la inclusión de las personas LGBTI. Por ejemplo, recientemente, la Embajadora María Emma Mejía Vélez, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, preguntó: “Para nosotros en América Latina… la evaluación de la exclusión económica de la comunidad LGBT es uno de esos retos… [Este] es un momento para la inclusión. ¿Cómo traducimos esto en la funcionalidad de los gobiernos, incluidos los gobiernos locales?”. Como segundo punto, la región cuenta con una diversidad de redes y organizaciones de la sociedad civil que son de la comunidad LGBTI—algunas de las cuales ya se encuentran recopilando datos.
Al iniciar esta alianza de investigación, NGLCC Global, el Departamento de Inclusión Social de la OEA y la Relatoría de la CIDH sobre los Derechos de las Personas LGBTI comenzarán a generar datos que muestren la extensióndel problema y el grado de contribución de las personas LGBTI.
From left to right: Ernest E. Cordova – Managing Director, Accenture; Ambassador Hugo Cayrus Maurin – Permanent Representative of Uruguay to the OAS; Soledad García Muñoz –Special Rapporteur on Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights at OAS; Ambassador Juan Aníbal Barría – Permanent Representative of Chile to the OAS; Dr. Betilde Muñoz-Pogossian – Director, Department of Social Inclusion at the OAS; Ambassador Jennifer Loten – Permanent Representative of Canada to the OAS; Phil Crehan – Director, NGLCC Global; Fanny Gomez – Senior Director of International Advocacy and Policy, Synergía; Justin Nelson – Co-Founder & President, NGLCC